Después de su tercer embarazo y no tenía los medios económicos para sostener a un cuarto hijo, decidió someterse a una ligadura de trompas en el Hospital Público de Villa Regina, ubicado en el norte de esa provincia.

A pesar de que la operación se llevó a cabo con éxito, la mujer quedó embarazada un año después y decidió demandar tanto al médico que la atendió como al hospital público. El viernes, la justicia dictaminó que tanto el profesional médico como el Estado provincial y su aseguradora debían pagar una indemnización de 1,2 millones de pesos a la demandante en concepto de daño moral.

Aunque la demanda se presentó por presunta mala praxis, el juez a cargo de la causa determinó que no hubo tal figura en la realización de la cirugía, ya que este tipo de operaciones tienen un margen de error.

Según un perito judicial, si se realiza correctamente la ligadura de trompas, la posibilidad de embarazo es del 17/10.000 de casos, o del 1/200 según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el juez encontró que el médico no había brindado información suficiente a la demandante antes de la cirugía, lo que se consideró mala praxis.

Se afirmó que era responsabilidad del médico del hospital informar a la mujer sobre sus derechos para que pudiera ejercerlos, especialmente en lo que respecta a la planificación personal, familiar y su salud reproductiva.

El fallo concluyó que se violó el derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad y a acceder a servicios de atención médica que le permitieran planificar su familia de forma libre y responsable. El juez aseguró que la mujer sufrió un daño moral por el que debía ser indemnizada con 1,2 millones de pesos. Cualquiera de las partes puede apelar el fallo.