Así, el artículo 1 agrega a las formas de disolver el matrimonio la posibilidad de hacerlo "en sede administrativa". Esto, según el proyecto que presentó el Gobierno queda "equiparado en cuanto a sus efectos con el divorcio declarado judicialmente".

Con esto apuntan a que las personas que quieran terminar con el matrimonio puedan hacerlo de forma administrativa, sin pasar por la Justicia y que salga más rápido.

Sin embargo, el proyecto indica que para avanzar con el divorcio en sede administrativa en necesario "una petición conjunta de ambos cónyuges", según el proyecto que Sturzenegger presentó en la Justicia.

Desde el Gobierno nacional informaron que "el proyecto propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, al permitir a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, rápida y económica".

"Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad", aclararon Además, remarcaron: "La iniciativa que se impulsa otorga mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida".

La presentación de este proyecto se da junto con una serie de iniciativas que Sturzenegger llevó a Congreso de la Nación este lunes. Allí también está la Ley Hojarasca que apunta a derogar y modificar más de 70 leyes que el según el oficialismo restringen la libertad y la propiedad privada.

También está lo que el Gobierno llamó "modernización judicial", "un grupo de reformas tendientes a simplificar los trámites judiciales para agilizar procesos tales como el retiro de fondos de depósitos judiciales mediante orden judicial, la publicación de edictos, digitalizar trámites y darle mayor eficiencia al Archivo General del Poder Judicial de la Nación", según informó el Gobierno nacional.

Uno de los puntos que esta modernización incluye consiste en la digitalización del Registro de Juicios Universales para lograr mayor eficiencia, agilidad y transparencia. "De este modo, se ahorra tiempo y recursos para todos los que requieran acceder a estos registros y se facilita el acceso y la publicidad", indicaron en un comunicado.

También se permitirán los depósitos judiciales en todos los bancos públicos, según el proyecto. "Pero también se permite a los jueces ordenar que los depósitos judiciales, con consentimiento de las partes intervinientes, se puedan depositar en cualquier institución del sistema financiero", explicaron. "De esta manera, se elimina el monopolio legal sobre estos recursos, que redundaba en una menor rentabilidad para los litigantes".