La resolución surge a partir de hechos vinculados a la promoción e intermediación financiera a través de una firma denominada Beta Bank, que ofrecía inversiones en criptomonedas sin estar registrada ni habilitada por la Comisión Nacional de Valores ni por el Banco Central de la República Argentina.

En la primera causa, iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal, se determinó que los tres imputados, como socios de la firma Beta Investments SRL, realizaron una campaña pública para captar ahorros del público mediante redes sociales, medios gráficos y la apertura de un local en el centro de la ciudad de La Rioja. La actividad, enmarcada como “asesoramiento en inversiones en criptomonedas”, implicaba la captación indirecta de fondos sin autorización, lo que configura el delito de captación de ahorro público no autorizado agravado por el uso de medios masivos de comunicación.

Las otras dos causas se iniciaron por denuncias de particulares en contra de Juan M. C.T. En ambos casos, se acreditó que el imputado convenció a personas de invertir sumas de dinero con la promesa de obtener altas rentabilidades mensuales en dólares, que luego no fueron cumplidas. Se configuró así el delito de estafa, sumado a la captación de ahorros no autorizada, constituyendo un concurso real de delitos.

Finalmente, se impuso la prisión preventiva para los imputados y se trabaron embargos sobre sus bienes por la suma de hasta 6 millones de pesos. La Justicia avanza en la investigación con el objetivo de determinar el alcance completo del perjuicio económico causado a los inversores y la eventual existencia de más damnificados.