En una resolución emitida el 19 de noviembre de 2024, el Juzgado de Instrucción procesó a la imputada, una joven de 22 años, por el delito de homicidio simple en calidad de partícipe necesario, conforme al artículo 79 del Código Penal. La medida también incluyó la prisión preventiva y un embargo de bienes por $1.400.000.

El hecho que se imputa ocurrió el 18 de agosto de 2023. Según la investigación, la víctima, un hombre de 68 años, fue abordado por la imputada en una parada de colectivos en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de La Rioja. Ambos compartieron un recorrido hasta el centro de la ciudad, donde el sexagenario realizó trámites bancarios y entregó dinero a la imputada, quien alegaba necesitar ayuda para pagar un alquiler. Posteriormente, abordaron juntos un taxi hasta el barrio Ricardo Primero.

En ese lugar, según los testimonios, se unió una amiga de la imputada. Ambas mujeres llevaron a la víctima a un descampado donde, tras una discusión, una de ellas lo agredió con un bloque de construcción, ocasionándole lesiones graves en el rostro y la cabeza. La víctima fue auxiliado por transeúntes y trasladado al hospital, donde murió al día siguiente debido a un paro cardiorrespiratorio.

La resolución judicial detalla múltiples elementos probatorios, incluidos argumentos de testigos presenciales y registros fílmicos que corroboran el recorrido de las imputadas con la víctima. Además, declaraciones como la de la hija del fallecido, y de otros testigos, refuerzan la acusación contra la imputada como partícipe necesario del delito.

El juez Barría sostuvo que la presunta autora desempeñó un rol esencial al trasladar a la víctima al lugar del hecho, facilitando su posterior agresión. Aunque no ejecutó el ataque, su participación fue clave para la concreción del crimen.

El auto de procesamiento concluyó que existían pruebas suficientes para sostener la participación criminal de la procesada. Además, se ordenó su detención inmediata y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. El embargo sobre sus bienes responde a posibles penas pecuniarias y costas procesales.

Este caso destaca la importancia del accionar judicial en casos de homicidio y refuerza el compromiso de la justicia de La Rioja en esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la ley.